Formo parte de una generación de trabajadores que vio reducir la matrícula escolar, provista por las Escuelas Públicas de Chile, de un 70 %, a un 30 % en la actualidad. Transformaciones radicales e intencionadas, donde más allá de explicaciones de negligencia o malas decisiones, se puede decir con certeza, que se debe al abandono de las Escuelas Públicas.
Arrastrando los descalabros y vicios del proceso de municipalización de la escuela pública, los SLEP representan en la práctica el 30% de la matrícula escolar, que consecuentemente implicaría en la nueva estructura la disminución de contrataciones. Esto, porque habían estimaciones de un porcentaje considerable de trabajadoras y trabajadores de los DAEM, Corporaciones Municipales y Establecimientos Educacionales que no podrían traspasarse o “reciclarse” al nuevo sistema. Sin embargo, dado que sobran los relatos de concursos de cargos directivos hechos a medida, lo que existía era una convicción de no traspasar o reciclar a sus trabajadores y trabajadoras.
Para hacer memoria, es preciso recordar que previo a la ley que creó los SLEP, se propuso un debate nacional -pobre y mezquino- a los actores “incumbentes”: docentes, asistentes de la educación, trabajadores de la administración central de los servicios de educación, entre otros. Bajo la consigna de “Todas las Escuelas al Ministerio”, se cobijaron las aspiraciones de las organizaciones sindicales de la época en pos de la articulación y fortalecimiento del estado en contraparte a la desagregación del sistema público de educación que ya se sentía rondar en los SLEP, un poco al estilo de la Agencia y la Superintendencia de Educación.
Si bien hay excepciones donde destacan comunidades educativas motivadas e intentos genuinos por levantar proyectos educativos consistentes, ello no da cuenta del conjunto del sistema escolar de Chile. Mientras no se aborden los factores estructurales que condicionan el desempeño de las instituciones públicas, parece difícil dar un salto cualitativo. Entre ellos es posible distinguir los siguientes
- Sistema de Financiamiento de la educación: Subsidiaria o Basal
- Visión Ideológica: Libertad de Enseñanza o Derecho a la Educación
- Relación Laboral: Flexibilización o Carrera funcionaria/Trabajo Decente
- Enfoque de Políticas: Focalización o Universalidad
- Visión Estratégica: Privatización de la Gestión del Estado o Democratización y Fortalecimiento de la gestión Pública.
Factores controversiales que siguen tensionando, pero que parecieran en una inercia permanente e incomprensible en el tiempo que van perpetuando un modelo privatizador, en desmedro de los intereses de la educación pública.
Sabemos que en educación no se puede alcanzar todo de manera inmediata, que los resultados son de más largo plazo, pero es necesario que exista un punto de partida que reconozcamos todas y todos, desde las familias, pasando por trabajadoras y profesionales, hasta los responsables políticos del ministerio de educación. Esto supone reconocer también la construcción urgente de una hoja de ruta y un cronograma compartido donde converjan actores y oportunidades estratégicas que hagan posible partir desde un lugar en común.
La implementación de los SLEP ha significado un tremendo dolor de cabeza, es cosa de mirar lo ocurrido en las Escuelas de Til Til y ahora en Atacama, que probablemente no son más que la culminación de un proceso fallido de larga y profunda data, que debe aparecer como una alerta para los demás y que sigue mostrando la falta de claridad en la partida y el rumbo. En ese sentido es que urge revisar el estado actual de las cosas porque un mayor financiamiento por sí solo o incluso, junto a un plan de reactivación escolar declarado por la autoridad serán claramente insuficientes para resolver los problemas que tienen movilizada a una región completa.
Creo firmemente que pese a todo el desgaste físico y emocional que traen los equipos profesionales y comunidades escolares, agravado por los efectos de la pandemia, los climas hostiles y violentos en el trabajo y aula; es posible que la creatividad y capacidad organizativa de docentes, educadoras, organizaciones sindicales y sociales, emerjan y que así como construyeron estrategias pedagógicas y dispositivos de apoyo comunitario durante el confinamiento, hoy puedan enfrentar exitosamente esta adversidad; sólo falta que la institucionalidad sea capaz de escuchar, acoger e incorporar, validando así sus saberes, experiencias, trayectorias y aportes técnicos. No es posible seguir pensando las políticas públicas en educación desde un escritorio lejos del aula, desconociendo las realidades y diversidad de las comunidades educativas y debilitando la democratización de las prácticas. No es posible que en gobiernos de centroizquierda o socialdemócratas se siga atomizando el sistema para intereses particulares en lugar de velar por el real fortalecimiento de la educación pública.
Dantón Vera Leyton
Director Fenaedup
