Un nuevo conversatorio organizado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Pública – FENAEDUP, tuvo lugar el pasado 11 de enero; esta vez abordando el modelo de negocio de la producción y comercialización de los alimentos en Chile y su impacto en los programas públicos de alimentación,como su incidencia especifica en los estudiantes, a través del PAE y BAES de Junaeb.
En la ocasión, se contó con la participación de Juan González, Docente de la Universidad de Chile, miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la U. de Chile – OPECH y del Foro por el Derecho a la Educación. Camila Rubio, Secretaria Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas – JUNAEB y por la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña, Mediana Empresa y Empresarios, Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de Chile, UNAPYME, Nátaly Gutierrez y Luis Solís.
Dando un contexto histórico a la cuestión de hambre y a los modos de abordarlo por los pueblos y el estado de chile, Juan González enfatiza el carácter predominante del modelo “manageriano” de gestionar el estado en la actualidad y sus consecuencias, las que califica de irregularidades que se descubren cotidianamente y se pueden clasificar en tres tipos: Problemas asociados a la falta de control, el pequeño tamaño del Estado y el gran tamaño de las empresas, o como indicaría Pliscoff- Varas, al hablar de Nueva Gestión Pública, la separación entre la responsabilidad pública y la ejecución y producción privada de la política, en los distintos niveles, abriría múltiples espacios para una reducción del control en la entrega del servicio. Problemas asociados a la corrupción política y empresarial. Otro problema que surge al implementar este nuevo tipo de gestión, es lo que se encubre tras el lema “dejar que los gestores gestionen”, lo que bajo el supuesto de libera barreras burocráticas que fomenta la discrecionalidad en la toma de decisiones en personas que pueden no estar imbuidos de un ethos público, lo que podría llevar a corrupción (Pliscoff- Varas, 2017).
Por su parte, Camila Rubio se refirió a la elaboración de una nueva Ley de Alimentación Escolar para Chile, donde el gobierno acaba de firmar un convenio, junto al representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Alimentación y la Agricultura (FAO), política pública destinada a fortalecer la alimentación que dispone la Junaeb.
La ley busca fomentar las compras locales y la agricultura familiar campesina, además de resguardar los derechos laborales de las más de 36.000 manipuladoras de alimentos que forman parte del programa de la Junaeb. Se pretende institucionalizar la Política de Alimentación Escolar, proporcionando estabilidad y directrices para el diseño del programa, abarcando aspectos como formas de gestión, organización, cobertura, principios, requerimientos nutricionales, proveedores, procesos de compra, entre otros.
Por último, señala se integran $14 mil millones a JUNAEB para comprar alimentos a campesinos del país. Esto va a involucrar cambios en las bases de la licitación del Programa de Alimentación Escolar, obligando a las empresas a que 2,5% de los productos que compren sean alimentos locales de pequeños campesinos que trabajan con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Este trabajo conjunto entre los ministerios de Educación y Agricultura beneficiará a más de 900.000 niños y niñas en esta etapa.
En tanto, Nátaly Gutierrez y Luis Solis de UNAPYME comentan que las Pymes generan el 70 por ciento de los sueldos mínimos y alrededor del 53 por ciento de los empleos del país y sin embargo el mercado ha tenido un trato discriminatorio. En los mercados chilenos no hay una competencia justa, sienten un trato discriminatorio a las empresas de menor tamaño, tanto en materia de normas como de impuestos e incentivos. Creen que, si no logramos transformar este modelo, exitoso para unos pocos, pero que no genera bienestar en las mayorías, seguiremos dependiendo de subsidios, de bajo crecimiento y mala calidad del empleo
Según ellos, el país requiere avanzar y mejorar su calidad de vida y retomar el crecimiento ojalá con el foco en nuestras empresas familiares y para eso, el diálogo y la voluntad deben ser el eje rector en la construcción de la política pública. Debemos enfrentar de manera diferente y con sentido de urgencia los problemas estructurales de nuestra economía. La tarea es grande, necesitamos avanzar hacia un Estado, cuyo norte sea un país que acoge y facilita el progreso para todos y todas, especialmente para aquellos que hemos estado mayoritariamente maginados de él.
Luego de las exposiciones, quedan o surgen interrogantes como: ¿Cabe darse una institucionalidad y crear una nueva ley, sin analizar el sentido de la misma?
¿Nos estamos dotando una institucionalidad, fortaleciendo sus instrumentos y resguardando el bienestar de las personas, si los diversos actores que forman parte de ella, no encuentran canales efectivos y vinculantes de participación?
¿Se recoge la participación popular o existe un modelo para fomentar el control social de las comunidades educativas?
¿La sostenibilidad de una política de producción y consumo alimentaria del país, se basará sólo en cambio de las bases de licitación o requiere hacerse cargo de la emergencia de nuevos fenómenos como el cambio climatológico, crisis económica e inflacionaria, precarización laboral o crisis hídrica también?
Con estas preguntas esperamos contribuir al debate, análisis y sobre todo a mejoras para garantizar la alimentación de lxs estudiantes de nuestro país.
