En el marco de la reciente polémica por el alto salario que recibió la ex ministra de Educación Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián, situación que ha generado gran controversia y demuestra una vez más, la alta desigualdad de sueldos en nuestro país. Este caso pone nuevamente en evidencia las profundas desigualdades que persisten en nuestro sistema educativo, no solo a nivel de la educación superior, sino también en la educación escolar y parvularia, donde los altos sueldos de quienes cumplen funciones directivas en algunas entidades sostenedoras siguen sin regulación.
Es urgente recordar que desde la promulgación en 2015 de la Ley N°20.845, que prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado, aun nos encontramos a la espera de la emisión de una circular por parte de la Superintendencia de Educación que regule los sueldos de quienes administran los Establecimientos Educacionales, lo que sigue afectando el uso responsable de los recursos destinados a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Como ASUME nos indigna y demandamos avanzar en la urgente necesidad de contar con políticas públicas que garanticen mayor equidad y control en el uso de los recursos públicos en la educación. Por lo que, resulta inconcebible que mientras se prolonga la falta de esta instrucción para regular los altos sueldos en las entidades sostenedoras, casos como el de la ex ministra Cubillos, se repiten en establecimientos educacionales a lo largo del país.
No puede ser que los sueldos que pagan algunas entidades sostenedoras sobrepasen los límites de lo razonable, mientras las condiciones laborales de muchos funcionarios y funcionarias de la educación siguen precarizándose. Esta situación expone una lamentable realidad de las desproporcionadas remuneraciones en consideración de la jornada de trabajo, el tamaño y complejidad como lo establece la mencionada ley, mientras que nuestro rol fiscalizador en la educación se ve maniatado por la falta de una regulación efectiva que permita garantizar la adecuada utilización de los fondos públicos.
Seguiremos impulsando esta lucha dentro de la Superintendencia de Educación, exigiendo que se tomen las medidas necesarias para terminar con estas inequidades que perjudican tanto a quienes trabajamos en el sistema educativo como a las comunidades que atendemos. Confiamos que ejerciendo nuestra labor seremos capaces de avanzar hacia un sistema educativo más justo, donde los recursos de educación se utilicen de manera ética y eficiente, priorizando siempre el bienestar de párvulos y estudiantes.
Es imperativo que el Ministro de Educación y el Presidente de la República den urgencia a instruir esta circular, para que exista una buena utilización de los fondos públicos que en esencia son para la educación y la inversión en mejores ambientes educativos para Chile.
